La decisión de imputar no puede ser utilizada por los empleadores.

Tras una reciente decisión que aborda la inconstitucionalidad de ciertos artículos en la Ordenanza sobre la responsabilidad de los militares, la Corte Constitucional ha enfatizado la importancia de respetar los principios del estado de derecho y la seguridad jurídica en las relaciones laborales. Esta determinación confirma que el actual Código Laboral no permite que los empleadores utilicen las decisiones de imputación para realizar deducciones salariales con el fin de cubrir posibles daños ocasionados por los empleados. Además, se establece que, en ausencia del consentimiento del trabajador para cubrir dichos daños, el empleador no tiene la facultad de llevar a cabo deducciones salariales de manera unilateral.

En el ámbito de las relaciones laborales, la responsabilidad patrimonial se basa en el daño que puede ser causado tanto por el empleador como por el trabajador. Para cada caso específico, el Código Laboral establece disposiciones que buscan mantener un equilibrio en las relaciones de empleo.

Si un empleado sufre un daño, no tiene la facultad de imponer al empleador la recuperación de las sumas correspondientes, así como el empleador no puede decidir de forma unilateral retener alguna cantidad de los salarios que le corresponden al trabajador. Cuando el empleador identifica una pérdida, debe determinar quién es el trabajador responsable y evaluar si el daño está relacionado con su trabajo y si está justificada la culpabilidad del empleado.

Solo en estas situaciones, el empleador puede solicitar al trabajador la recuperación del daño mediante un acuerdo mutuo, otorgándole un plazo de al menos 30 días para el pago de las cantidades correspondientes. Asimismo, el Código Laboral estipula un límite máximo para el daño que puede ser recuperado por acuerdo, siendo esta suma equivalente a no más de cinco salarios mínimos brutos del país.

En el caso de que el daño supere esta cantidad, el empleador tiene la opción de recurrir a instancias judiciales para resolver el conflicto laboral mediante una acción de responsabilidad patrimonial.

A pesar de que el concepto de decisión de imputación sigue siendo mencionado en algunas normativas, ha sido declarado inconstitucional. La responsabilidad patrimonial en las relaciones laborales se determina ahora mediante acuerdos mutuos o decisiones judiciales, lo que garantiza así un equilibrio en las relaciones de trabajo.

Si el empleador desea recuperar el daño a través de un acuerdo, deberá redactar un informe de constatación y evaluación, en el cual identificará al trabajador responsable y evaluará la suma a recuperar. El trabajador tiene el derecho de impugnar dicho informe y puede acudir a la vía judicial si no está de acuerdo con la evaluación del daño.

La suma destinada a la cobertura de los daños se retendrá en cuotas mensuales de los salarios del trabajador; sin embargo, las cuotas no pueden exceder un tercio del sueldo mensual neto, y juntan con otras posibles retenciones, no pueden representar más del 50 % del salario del trabajador.

En las relaciones laborales, es fundamental que se respeten los principios del estado de derecho y la legislación vigente para garantizar un trato justo y equitativo tanto para los empleadores como para los empleados. A pesar de que la decisión de imputación ha sido declarada inconstitucional, los empleadores siguen teniendo la posibilidad de recuperar daños a través de acuerdos mutuos o mediante decisiones judiciales, lo cual respeta los derechos y intereses de ambas partes involucradas en las relaciones laborales.

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