Ley de los alertadores 2026: quién se beneficia de la protección

La Ley No. 361/2026 protege a las personas que informan sobre violaciones legales detectadas en un contexto profesional. Sin embargo, no se otorga protección automáticamente a cualquier persona que presente una queja.

Para obtener el estatus de denunciante en interés público, es fundamental tener en cuenta quién realiza la denuncia, qué hechos se señalan y cómo se obtuvo la información.

Criterios para ser un denunciante de integridad

La ley no se limita solo a los empleados. También pueden beneficiarse de la protección:

• Funcionarios públicos;
• Personas que realizan actividades independientes;
• Administradores y miembros de órganos de dirección;
• Accionistas y asociados;
• Voluntarios y pasantes;
• Personas que trabajan para contratistas, subcontratistas o proveedores;
• Ex-empleados;
• Candidatos que obtienen información durante un proceso de reclutamiento.

En ciertas circunstancias, la protección puede extenderse a personas cercanas al denunciante o a aquellos que lo ayudan en la denuncia, si estos últimos enfrentan represalias.

Condiciones para la protección

Una persona puede beneficiarse de la protección de la ley si se cumplen acumulativamente las condiciones estipuladas por la Ley No. 361/2026:

• La información se obtuvo en un contexto profesional

Es necesario que la persona pertenezca a las categorías protegidas por la ley y que haya tenido conocimiento de la irregularidad a través de su actividad profesional o en conexión con ella.

La denuncia debe referirse a una violación de la ley. Conflictos simples entre compañeros, insatisfacciones relacionadas con la evaluación profesional o disputas sobre horarios no constituyen automáticamente una denuncia de integridad.

No basta con que la información provenga exclusivamente de la prensa, redes sociales o rumores.

• Existen motivos fundados para creer que la información es verdadera

El denunciante no necesita probar de forma definitiva la infracción antes de reportarla. Es suficiente con tener razones razonables para considerar que la información es verídica al momento de la denuncia.

Sin embargo, la protección no se aplica a las personas que transmiten intencionadamente información falsa.

• La persona ha realizado una denuncia o divulgación pública conforme a la ley

Para poder beneficiarse de las medidas de protección, la persona debe haber presentado una denuncia interna, externa o divulgación pública, de acuerdo con lo estipulado en la Ley No. 361/2026.

Ejemplo práctico

Un empleado detecta que la tienda donde trabaja sigue vendiendo productos caducados, a pesar de que la dirección ya había sido informada. Este decide notificar a la autoridad competente y, posteriormente, es despedido.

La denuncia puede estar bajo la protección de La Ley No. 361/2026 porque:

• La información se obtuvo en el lugar de trabajo;
• La notificación afecta a una posible violación de la ley;
• El despido puede estar relacionado con la denuncia.

La situación sería diferente si se tratara de una queja relacionada exclusivamente con un conflicto personal con el gerente o una insatisfacción individual sin conexión con una infracción legal.

Protección del denunciante

El empleador no puede tomar acciones desfavorables contra una persona debido a la denuncia realizada.

Las represalias pueden incluir:

• Despido o suspensión del contrato;
• Descenso de categoría;
• Reducción del salario;
• Cambio injustificado de funciones;
• Intimidación o discriminación;
• Evaluación profesional negativa derivada de la denuncia.

Más información sobre estas obligaciones puede consultarse en el artículo de Lugera sobre la prohibición de represalias y la carga de la prueba en el caso del empleador.

Lo que deben verificar los empleadores

La existencia de un canal interno de denuncia no es suficiente. La organización debe analizar adecuadamente la naturaleza de cada denuncia y determinar si esta entra bajo la protección de La Ley No. 361/2026.

En la práctica, los empleadores deben:

• Distinguir las denuncias de integridad de quejas ordinarias;
• Proteger la identidad de quienes denuncian;
• Analizar objetivamente la información recibida;
• Evitar medidas que puedan considerarse represalias;
• Instruir a los gerentes y responsables de las denuncias.

Una presentación de las obligaciones relacionadas con el canal interno y la gestión de las denuncias puede consultarse en el artículo de Lugera sobre las obligaciones de las empresas según la Ley de protección a denunciantes.

Por lo tanto, simplemente presentar una queja no confiere automáticamente el estatus de denunciante. Lo que es esencial son la naturaleza de los hechos denunciados, su relación con la actividad profesional y la existencia de razones razonables para considerar que la información es veraz.

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